Boletín Nº 235

El punto de partida es la sentencia del Tribunal Supremo revocando la actualización de los valores catastrales del Ayuntamiento de Jávea (Alicante) aprobada en pleno boom inmobiliario en 2005. El Supremo avaló en abril de 2012 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaró nulos los valores de 354 propiedades municipales, sentencia a la que siguieron las reclamaciones de un gran número de particulares. La merma en las arcas locales era muy importante, ya que dejaría de ingresar siete millones al año.

El responsable de PwC apunta a que el sector hotelero es uno de los más afectados por la actualización de valores catastrales. “Los más afectados son las cadenas medianas, que en zonas de sol y playa disponen de grandes extensiones para alojar piscinas y zonas comunes. La factura media que tienen que abonar por el IBI puede llegar en algunos casos a 1,5 millones de euros”, apunta. En su opinión, los ayuntamientos hacen procesos masivos para las valoraciones catastrales y en general no tienen en cuenta salvedades como las del sector turístico.

Una de las primeras medidas fiscales que tomó el Ejecutivo fue la subida del IBI. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó a finales de diciembre de 2011 que se trataba de un incremento temporal de dos años, mediante el que los consistorios lograrían una recaudación adicional de 918 millones de euros.

Todo un balón de oxígeno para los municipios, muchos de ellos asfixiados económicamente por la limitación al endeudamiento y el desplome de sus ingresos. El Gobierno ya ha anunciado que el recargo temporal se ampliará, por ahora, hasta 2014. De esa medida se podrán seguir beneficiando especialmente aquellos municipios que no han renovado sus valores catastrales desde 2002.

JAFC

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