Boletín Nº 223

Y el pasado lunes más de un centenar de empleados de Orizonia se concentraron en la sede que la empresa tiene en Palma de Mallorca a las puertas del despacho de su presidente, José Duato, con quien intercambiaron un breve diálogo reclamándole el pago de sus nóminas.

El martes los trabajadores acudieron a la sede en Palma para protestar por los pagos pendientes, mientras que en Barcelona se programó una concentración en la rambla de Cataluña.

Estas protestas tienen lugar tras publicarse este fin de semana los altos sueldos que Duato y la cúpula directiva perciben mientras culmina el proceso concursal y el desmantelamiento de la empresa.

Los trabajadores afectados por la quiebra de la compañía defendieron que si Duato es retén, los empleados son “rehenes de una situación a la que la mala gestión y el despilfarro de unos pocos ha empujado a 5.000 familias”.

Por su parte, el director general comercial de Orizonia y exdirector de Cóndor Vacaciones, Eduardo Millán, ha presentado su dimisión el pasado martes renunciando así al paro, al ERE y a la indemnización de Fogasa,.

Facua-Consumidores en Acción ha exigido que la fianza de 8,26 millones depositada por las empresas del grupo Orizonia ante el Gobierno balear se destine a los usuarios, por lo que ha puesto a disposición de los consumidores un formulario para reclamar su dinero y las indemnizaciones correspondientes.

En respuesta a Facua, la Consejería de Turismo y Deportes de las Islas Baleares ha confirmado esta cuantía tras solicitar la asociación que la fianza prevista por la normativa se utilice para devolver el dinero e indemnizar a los consumidores perjudicados por el cierre. Con este mismo propósito la asociación se dirigió también ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca y el administrador concursal.

Para Facua, este aval debe cumplir con la función de garantía prevista en la directiva del Consejo, que establece que “el organizador y/o el detallista que sean parte en el contrato facilitarán pruebas suficientes de que, en caso de insolvencia o de quiebra, quedarán garantizados el reembolso de los fondos depositados y la repatriación del consumidor”.

Facua recordó que la normativa recoge que “los organizadores y detallistas de viajes combinados tendrán la obligación de constituir y mantener en permanente vigencia una fianza en los términos que determine la Administración turística competente”.

En este caso la de Islas Baleares, e indicó que la fianza tiene que destinarse “para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado”.

« Volver al listado de noticias del boletín