Boletín Nº 168

La Comisión Europea ha puesto bajo su lupa unas prácticas que, como el propio organismo reconoce, podrían contravenir la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado. En menos de quince días, las autoridades europeas han emprendido tres investigaciones en otros tantos aeródromos el belga Charleroi, y los franceses de Angulema y Carcassone.

Una ofensiva que no sólo compromete el futuro de los intereses que la aerolínea irlandesa tiene depositados en esas tres instalaciones, sino que inevitablemente obliga a mirar hacia el mercado español, donde el esquema de negocio es muy similar, recepción de ayudas públicas a cambio de insuflar vida a unos aeropuertos que antes estaban infrautilizados.

En España, Ryanair es la aerolínea que acapara el grueso de esas subvenciones gracias al poder que sus competitivas tarifas le otorgan para atraer clientela, hasta el punto de que la low cost abre y cancela destinos en función de los fondos que recibe.

Este tipo de ayudas no suelen entregarse de manera directa, sino que se vinculan a través de convenios de promoción del destino turístico. La Generalitat, por ejemplo, paga nueve millones de euros al año para mantener activos los aeropuertos de Gerona y Reus, que dependen en más de un 70% de dicha aerolínea.

Bruselas, que debió tomar cartas antes, debe llegar ahora hasta el fondo del asunto para determinar si los acuerdos entre Ryanair y los operadores aeroportuarios le otorgan o no ventaja económica frente a sus adversarios.

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