Boletín Nº 125

FEAAV

FEEAV quiere resaltar el papel que juegan las agencias de viajes tradicionales como garantes de los derechos del consumidor, frente a otro tipo de intermediarios turísticos que terminan por perjudicar, claramente, sus intereses.

En este sentido, FEAAV destaca el cumplimiento de las normas por parte de las agencias de viajes, que implica la adecuación a la legislación vigente a través de las correspondientes pólizas de responsabilidad civil y del establecimiento de avales frente a la administración.

Este papel de garante contrasta, sin embargo, con las funciones desempeñadas por otra serie de intermediadores turísticos, fundamentalmente aquellos que se dedican a la venta online sin cumplir la normativa existente y que terminan derivando en hechos fraudulentos como el protagonizado por la web ‘sientetailandia.com’.

Este dominio, que no ofrecía ningún dato legal y carecía de licencia de agencias de viajes y de identificación fiscal, suma ya más de 200 demandas interpuestas por un total de 150.000 euros después de haber vendido falsos viajes a Tailandia por 1.600 euros –vuelo incluido-, o por 700 si el cliente se encargaba de buscar dicho vuelo.

Antes de la realización del viaje, los afectados pagaban una determinada cantidad por la reserva del mismo, y la supuesta empresa se comprometía a facilitar la información del recorrido y los localizadores durante los días posteriores. Información que, finalmente, nunca llegaba, siendo imposible también contactar con el teléfono indicado.

Este tipo de estafas son una demostración más de la diferencia de gestión, seguridad y confianza entre las agencias de viajes tradicionales y los nuevos intermediarios turísticos, especialmente online, que pueden acabar perjudicando seriamente los intereses de los clientes.

UCAVE

UCAVE ya ha reclamado en diversas ocasiones a la Secretaría de Estado de Turismo, que tiene como responsable a Joan Mesquida, que se clausuren aquellas webs en las que la inspección de las Comunidades Autónomas haya detectado una acción intrusista acreditada por la abertura de un expediente. Esto es así ya que las competencias de la clausura de una web están en manos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, también dependiente de la administración central. El objetivo es proteger a los usuarios ante posibles fraudes. De no realizarse así, desde que se detecta hasta que se clausura pueden seguir “cayendo” nuevos perjudicados.

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